Un sistema de participación es el conjunto articulado de instancias, mecanismos y procesos institucionales que, desde una lógica sistémica y multinivel, permite canalizar la voz y la colaboración activa de las comunidades educativas. Este sistema promueve una gobernanza educativa más democrática, inclusiva y territorialmente pertinente, asegurando que cada actor —individual o colectivo— disponga de espacios formales de representación, deliberación y toma de decisiones
Este nivel tiene carácter estratégico y orienta la toma de decisiones en escala comunal o intercomunal. Sus mecanismos principales son:
Este nivel articula mecanismos participativos formales en el interior de cada establecimiento, donde convergen representantes de todos los estamentos:
Consejos Escolares: Órganos colegiados regulados por el Decreto N° 19 de 2019, donde participan representantes del sostenedor, dirección, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados.
Consejos Parvularios: Instancias equivalentes para jardines infantiles, con adecuaciones según nivel educativo.
Este nivel representa la participación más cercana y directa, y permite la expresión organizada de los intereses de los estamentos educativos:
Centros de Estudiantes: Organizaciones autónomas del estudiantado, reguladas por el Decreto N° 524/1990, con funciones de representación, organización y liderazgo juvenil.
Centros Generales de Padres, Madres y Apoderados (CGPMA): Espacios de organización familiar, regulados por el Decreto N° 732/1998 y la Ley N° 19.418, que promueven la corresponsabilidad en la formación educativa.
Consejos de curso, delegaciones estudiantiles y vocerías: Espacios de participación microinstitucional que fortalecen la democracia interna.
El Sistema de Participación se basa en los principios de inclusión, representatividad, equidad, corresponsabilidad, transparencia, diversidad cultural y mejora continua. Su propósito es promover un proceso participativo diversificado, deliberativo y sistemático, donde cada nivel y mecanismo actúe en complementariedad, reforzando la legitimidad de las decisiones y la cohesión territorial del sistema educativo.
Este enfoque permite transitar desde una participación consultiva hacia una participación proyectiva y resolutiva (Trilla & Novella, 2001), asegurando así una formación ciudadana activa y un ejercicio pleno de los derechos educativos.